Caminando hacia una nueva raza de esclavos

La verdadera politica de austeridad: Recortes si pero ¡a la CORRUPCION!

A Dios rogando y con el mazo dando

Seis mujeres denuncian al Opus Dei por presunto fraude a la Seguridad Social


"Trabajé 14 años sin estar dada de alta en la Seguridad Social, (...) seguí trabajando cuando enfermé psicológicamente (...), nunca recibí una nómina". Son las denuncias que más se repiten en las demandas que en los últimos meses han presentado ante la Inspección de Trabajo seis exnumerarias del Opus Dei contra esa institución, y que desvela este domingo CRÓNICA. Se trata de mujeres que ingresaron en la Obra durante su juventud y que fueron destinadas a tareas internas, ya fueran de dirección de centros, administrativas o domésticas. Tras salirse, han comprobado que sus historias laborales de esos años están vacías. Las seis mujeres sostienen que "el fraude a la Seguridad Social es continuado". Sus demandas, que detallan presuntos incumplimientos desde los años setenta hasta la actualidad, fueron registradas entre junio y diciembre del año pasado ante las Inspecciones de Trabajo de Madrid, Vitoria, Santander, Pontevedra y Sevilla. Por miedo a represalias profesionales, ellas prefieren mantener el anonimato. La última de esas demandas se presentó durante las pasadas Navidades. La firma M.G.M. y cuenta que ingresó a los 14 años en la Obra, en la que permaneció durante dos décadas realizando funciones de cocinera y tareas domésticas: "En ningún sitio donde trabajé recibí el dinero, sino que lo entregaba directamente a la Prelatura".


A.P., que registró su demanda en noviembre, enumera supuestos abusos laborales en diversos destinos. En total, 14 años trabajando "en negro", a cambio, como las demás, de alojamiento y manutención. "Enfermé psicológicamente, y también denuncio que las personas enfermas trabajaban o no según decidieran las directoras del Opus Dei y no los médicos (...)". La tercera de las demandantes, C.R.P., relata que durante sus 18 años administrando residencias de la Obra nunca tuvo contrato laboral. En el escrito remitido a la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo apunta a presuntas irregularidades que afectarían incluso a quienes sí han sido dados de alta: "Es muy habitual que una empleada esté contratada por un número muy inferior de horas a las que trabaja y en categorías inferiores a su cualificación". La cuarta de las demandantes abandonó la institución en 2010, después de cuatro décadas en las que, según dice, trabajó sin contrato en labores administrativas y domésticas. Tras enfermar psicológicamente, en la actualidad se halla "incapacitada para la actividad laboral ". Otra de las demandantes, M.I.M, que dirigió centros y asociaciones, registró su escrito en junio. Como respuesta, la Inspección de Trabajo le invitó a acudir a los tribunales ordinarios. La última denuncia corresponde a una mujer que estuvo tres décadas trabajando para la institución, pero en cuya vida laboral sólo figuran 14 meses cotizados.

Todas las demandantes coinciden en que ellas nunca pudieron elegir ni sus destinos, ni sus tareas profesionales, ni las condiciones que conllevaban. Un portavoz autorizado de la Prelatura del Opus Dei ha asegurado que se encuentran en una "situación de indefensión total" porque Trabajo no les ha comunicado ninguna denuncia contra ellos. Según explicó a CRÓNICA, "el Opus Dei siempre ha actuado, actúa y actuará con arreglo a la legalidad vigente".

Publicado en "www.elmundo.es"

La honorabilidad de Camps, uno de mis "corruptos favoritos"

El miércoles pasado, nada más conocerse la absolución de Francisco Camps por un jurado popular, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, preguntó a los cuatro vientos quién restituirá el honor del expresident valenciano. Es poco probable que quienes cuestionaban la honorabilidad de Camps antes del juicio vayan a cambiar de parecer después del alud de pruebas y grabaciones bochornosas que se escucharon durante la vista, por más que cinco de los nueve miembros del jurado hayan decidido que el acusado no recibió regalos en virtud de su cargo. Las convicciones democráticas exigen, por supuesto, acatar el fallo, pero ello no implica que haya que compartirlo ni, mucho menos, respetarlo. Durante el juicio quedó en evidencia la calaña de los dirigentes del Govern y el PP valencianos procesados, así como el alcance de la corrupción que impregnó la Administración pública bajo el mandato de Camps. Hay que recordar que este, al dimitir el 20 de julio de 2011, había pactado declararse culpable junto a otros dos imputados en la causa; sin embargo, cambió en el último momento de estrategia y prefirió afrontar un juicio popular, mientras sus dos compañeros, que reconocieron haber recibidos trajes y otros regalos, fueron condenados y pagaron una multa de 9.600 euros. El PP cometería un error al intentar convertir en una victoria política el que cinco conciudadanos de Camps, ya sea por convicción sincera o por simpatía ideológica, lo hayan exonerado en los tribunales. Y si Rajoy comparte con Cospedal la necesidad irrefrenable de que se le restituya el honor al expresident, lo tiene bastante fácil: invítelo a volver al cargo.

Por Marco Schwartz en "www.publico.es"

Todo esta atado y bien atado

Mas madera: Mas recortes

Juicios por corrupcion

Tiron de orejas de la Defensora del Pueblo al Banco de España

R. D. G. - Madrid - 25/01/2012 - 13:59 "Lo único que puede hacer el Defensor del Pueblo es poner de manifiesto que estamos descontentos con la actuación del Banco de España y pedirle que cambie esa conducta", ha añadido. En esta línea, Cava de Llano ha adelantado algunas de las recomendaciones que va a presentar ante las Cortes. Y es que la Defensora del Pueblo ha elaborado un informe monográfico sobre afectados por impago de hipotecas que incluye un total de 20 recomendaciones sobre cómo mejorar la situación de estas familias y que además llama la atención sobre una realidad que define así: "la banca en un momento excepcional ha recibido ayudas excepcionales y también los ciudadanos en momentos excepcionales necesitan ayudas extraordinarias". Advertencia a los notarios El estudio "Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas" aborda los conflictos que reflejan las quejas presentadas ante esta institución y aconseja que se adopten toda clase de iniciativas. Las primeras medidas deberían ser, en su opinión, de carácter preventivo. En este sentido, reclama una mayor y mejor información al ciudadano y responsabiliza de ello no solo a la banca, sino a toda clase de intermediarios, como los notarios. Estos profesionales deben, en opinión de Cava de Llano, "explicar las escrituras y no limitarse a firmarlas". La Defensora propone también que se promueva la independencia de las tasadoras, que se regule "de forma adecuada" la situación de las personas físicas que no entran en la Ley Concursal, que se mejoren los procedimientos de subasta o que se limite a dos veces el interés legal la cuota de intereses por demora. Sobre la polémica sobre si dación en pago sí o dación en pago no, la Defensora del Pueblo apuesta por aplicar un tratamiento diferente a las compras de inmuebles que califica como "de carácter necesario". Es decir, la vivienda habitual o las hipotecas sobre locales de negocio donde se ejerce la actividad que constituye el medio de vida, entiende este organismo que "la dación en pago podría aplicarse a estos supuestos, siempre que se den determinados elementos". Por último, exige a bancos y cajas que no puedan imponer a sus clientes la suscripción de productos o cláusulas vinculadas a las hipotecas como seguros de desempleo. Insta a que sea el cliente quien pueda elegir con qué compañía contratar las pólizas.


En el transcurso del Foro de la Nueva Sociedad, la Defensora del Pueblo ha respondido así a las preguntas sobre la situación en la que han quedado muchos ciudadanos que habían adquirido participaciones preferentes en banca que ahora no pueden liquidar. Cava de Llano ha recordado que la institución que ella preside no tiene competencias en las relaciones entre particulares y empresas, "ni siquiera ante los abusos de la banca". Por ello, ha insistido en llamar la atención sobre la responsabilidad del Banco de España en esta crisis.

Tiron de orejas de la Defensora Pueblo al Banco de España ( www.cincodias.com)

Como salir de la crisis y entrar en una profunda, larga y duradera recesion

Los recortes segun Forges

Despilfarradores al "talego"

"El codigo civil para los ricos y el codigo penal para los pobres" "La transicion española todavia a medias" "Gracias a Franco tenemos democracia (¿?)" o "Franco el primer democrata español" o "El holocausto nazi es una invencion de los bolcheviques" "Las dictaduras molan" o "La dictadura china es chulisima porque el capitalismo es para los multimillonarios y el comunismo para los pobres" etc,etc,etc...

La España quijotesca: Fraga, de ministro de la dictadura franquista a democrata de pro; Garzon, de juez ejemplar al banquillo del Tribunal Supremo

Tambores de guerra.Escalada de la tension belica con Iran: ¿Esta Obama harto de su premio Nobel de la Paz? ¿O es solo una nueva estrategia para elevar artificialmente el precio del petroleo?

Negociacion patronal-sindicatos

¿Donde esta Rajoy? ¿Generando confianza? Con dos expresidentes autonomicos del PP en el banquillo ¿Habra ido a los juicios? o ¿Esta preparando nuevas subidas de impuestos? o ¿Buscando una disculpa para el incomprensible "Donde dije digo, digo Diego" de los impuestos?

Urdangarin no es el unico corrupto: Solo en Las islas Baleares se investigan mas de 20 casos de corrupción

Palma, 7 ene (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción investiga en Baleares más de una veintena de casos diferentes de supuesta corrupción, la mayoría correspondientes a la legislatura 2003-2007, en la que el PP y Unió Mallorquina (UM) gobernaban en coalición en las principales instituciones de las islas.

- CASO PALMA ARENA: El juez José Castro comenzó a investigar este caso por el sobrecoste en la construcción del velódromo Palma Arena durante el gobierno autonómico de Jaume Matas (PP) de 2003-2007. A partir de ahí, la causa se fue ampliando hasta ramificarse en 26 piezas, entre ellas varias en torno a los incrementos patrimoniales de Matas, una centrada en el Instituto Nóos presidido por Iñaki Urdangarín y otra sobre un proyecto de palacio de la ópera de Santiago Calatrava. En 9 de enero comienza el juicio de la primera pieza, en la que la Fiscalía pide 8 años y medio de cárcel para Matas.

- CASO CAN DOMENGE: La expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar (UM) se enfrenta a 6 años de cárcel por este caso, que se juzgará en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma. Trata sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de los terrenos de Can Domenge, en Palma. Se inició a raíz de una querella de la constructora Núñez y Navarro ante la decisión del Consell de Mallorca, durante la legislatura 2003-2007, de enajenar el solar para construir viviendas en beneficio de una constructora que ofreció 30 millones frente a los 60 que ofertaron los querellantes.

- CASO SCALA: Otro de los casos de supuesta corrupción con juicio abierto, que acogerá la Sección Primera de la Audiencia de Palma. En el banquillo se sentará 18 acusados por una supuesta trama de corrupción en el Govern balear durante la legislatura 2003-2007. La Fiscalía reclama en el 21 años de cárcel por seis delitos para el exconseller de Comercio e Industria en el Govern de Jaume Matas, Josep Juan Cardona, por desviar unos 7 millones de euros públicos.

- CASO BITEL: Lo juzgará la Sección Segunda de la Audiencia de Palma ha señalado durante ocho días, del 20 de febrero al 7 de marzo. La Fiscalía pide penas de cárcel para cinco personas por desviar dinero de la entidad pública autonómica Balears Innovació Telemática S.A. (Bitel) durante la legislatura 2003-2007 de Jaume Matas (PP). Acusa al exgerente de Bitel Damià Vidal de desviar unos 700.000 euros de esta sociedad pública mediante seis métodos diferentes y pide para él 14 años de cárcel.

- CASO MAQUILLAJE: Dividido en piezas, una de ellas ya tiene juicio abierto, con una petición fiscal de 6 años de cárcel contra la expresidenta y el exvicepresidente del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar y Miquel Nadal, respectivamente, por malversación, falsedad y prevaricación. Trata sobre irregularidades en contratos y subvenciones a productoras por parte del Consell.

- CASO ANDRATX: Dividido en unas 70 piezas abiertas por corrupción urbanística, varias de las cuales ya han sido juzgadas. Por varias condenas están en prisión el que fuera director general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas, Jaume Massot, y el ex alcalde de esta localidad mallorquina Eugenio Hidalgo (PP).

- CASO TURISMO JOVEN: Supuesta malversación de fondos públicos en el Consorcio de Turismo Joven por parte de varios miembros del PP, desde 2004 a 2007. La Fiscalía pide 12 años de cárcel por malversación, prevaricación, falsedad, cohecho y fraude para el ex director general de Juventud de Baleares Juan Francisco Gálvez.

- CASO SON OMS: Relacionado con supuestos pelotazos urbanísticos en el polígono palmesano del mismo nombre en la década de los años noventa. Dividido en piezas, el ex conseller del Territorio de Mallorca Bartomeu Vicens (UM) está en prisión por una condena a 3 años de una pieza de esta causa.

- CASO PEAJE: En él se investiga el presunto desvío de dinero destinado de las obras de la carretera de Manacor a obras privadas durante el mandato 2003-2007 del Consell de Mallorca, gobernado por PP y UM. Entre los imputados se encuentran el exvicepresidente del Consell de Mallorca, Antoni Pascual (UM), y el ex director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, cargo de confianza de UM en la institución.

- CASO BOMSAI: Se investigan posibles irregularidades durante la época del gobierno de Jaume Matas en la adjudicación de obras de la empresa pública Caib Patrimonio. Están imputados los ex directores generales de Tributos y de Emergencias, Jorge Saiz de Baranda y Joan Pol, respectivamente.

- CASO VOLTOR: Dividido en piezas, investiga supuestos desvíos de fondos en las legislaturas 2003-2007 y 2007-2011 desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur), organismo dependiente de la Conselleria de Turismo que estaba controlado por UM. Entre los imputados se encuentran el exconseller de Turismo Miquel Nadal (UM) y el expresidente de UM Miquel Àngel Flaquer.

- CASO IBATUR: Otro caso dividido en partes en el que se indaga un supuesto desvío de dinero público del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), controlado por UM. Según la policía, políticos de este partido liderados por Miquel Nadal (exconseller de Turismo) idearon un "entramado delictivo" para sustraer el dinero.

- CASO MAR BLAU: Investiga la adjudicación de varios concursos por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares en la legislatura 2003-2007 de Jaume Matas. Están imputados, entre otros, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, el antiguo propietario del grupo Marsans, Gonzalo Pascual, y su hijo homónimo.

- CASO CLOACA: Se investiga un supuesto desvío de fondos públicos, emisión de facturas falsas y cobro de comisiones en la gestión de la recogida de los residuos urbanos de Mallorca de todos los municipios de la isla, salvo Palma, Calvià y Llucmajor. Están imputados varios empresarios y políticos de UM.

- CASO PICNIC: Trata sobre una supuesta malversación de fondos municipales en beneficio de UM durante la legislatura 2004-2007 con, entre otras cosas, la contratación de personas con dinero público que realmente trabajaban para el partido. Una comisión judicial registró la sede de UM en la operación policial del caso, lo que desembocó en la desintegración del partido. El juez impuso luego a UM una fianza civil de 1,6 millones.

- CASO SANT ELM: Sumario por supuesto desvío irregular de fondos en la legislatura 2003-2007 de la Fundación Illes Baleares que lidera el expresidente del Govern balear Gabriel Cañellas (PP). Esta entidad responsable de la conservación de la torre de Sant Elm cedió su uso en 2006 al Ayuntamiento de Andratx -gobernado entonces por el PP- a cambio de una contraprestación económica cuyo destino se está investigando.

- CASO FUNERARIA PALMA: En este caso se investigan presuntas irregularidades económicas cometidas en esta empresa pública durante la legislatura 2003-2007 del PP, como la venta de tumbas, la alteración de facturas e incluso la falsedad de alguna de ellas. Entre los imputados se encuentra Óscar Collado, ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) de Palma.

- CASO PIÑATA: Caso reabierto en 2010 por la Audiencia de Palma después de su archivo en 2008 por el juez de instrucción en el que está imputada la ex consellera insular de Deportes y Promoción de UM Dolça Mulet y otras once personas. Se investigado desde 2004 y versa sobre unas subvenciones supuestamente irregulares concedidas por el Consell a varias asociaciones vinculadas a UM.

- CASO XORIGUER: Se investigan presuntas irregularidades en el área de Turismo del Ayuntamiento de Ciutadella (Menorca) durante el mandato del PP del 2003-2007. Entre los imputados figura la ex secretaria general del PP de Menorca.

- CASO OSSIFAR: Destapado en agosto de 2011, trata una supuesta trama de corrupción vinculada a la empresa municipal Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma (Emaya) durante el mandato 2003-2007, cuando estaba controlada por UM.

- CASO RELÁMPAGO: Causa abierta en 2007 sobre una supuesta trama de blanqueo y defraudación a Hacienda en la que participó el bufete de abogados Feliu de Palma. En ella está imputada la cantante Ana Torroja por una supuesta evasión fiscal.

- CASO RODRIGO DE SANTOS: El ex teniente de alcalde popular del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos fue condenado a 2 años de cárcel por un presunto delito de malversación de caudales públicos al pagar con la tarjeta del consistorio en clubes de alterne, motivo por el cual el PP le suspendió de militancia. También está condenado a 5 años de cárcel por varios delitos de abusos sexuales a menores y un delito contra la salud pública.

- CASO PLAN TERRITORIAL DE MALLORCA: Es el único caso investigado por la Fiscalía Anticorrupción que ha sido archivado provisionalmente por el juez. Se abrió en agosto de 2008 e investigaba supuestos "pelotazos" urbanísticos en la isla con plusvalías superiores a los 300 millones de euros. EFE

Los origenes y los culpables de la crisis

Pero que cara mas dura: Las cajas con ayudas estatales publican con malestar los sueldos de los directivos

El Banco de España ha dado hasta hoy sábado de plazo a las entidades con ayudas públicas para publicar las remuneraciones de los directivos y consejeros de 2011 de manera individualizada. La medida la tomó tras los escándalos de las indemnizaciones multimillonarias. Hasta última hora del viernes no se completaron los datos. Solo CajaEspaña-Duero se negó a desglosar los sueldos de sus altos ejecutivos. El malestar con el supervisor era muy fuerte entre los directivos del sector, al argumentar que la exigencia iba contra la Ley de Protección de Datos, que vela por su intimidad.

El presidente de Bankia, Rodrigo Rato, percibió este año 2,34 millones de euros en retribuciones fijas, según consta en la información sobre los salarios de la alta dirección que ha difundido su entidad por imperativo del Banco de España.

El consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, que se incorporó ya entrado el año, percibió 1,57 millones, aunque su salario anual es de 2,26 millones. El que fuera vicepresidente de la entidad hasta hace unas semanas, José Luis Olivas, contó en 2011 con un salario de 1,62 millones; la mitad aproximadamente procede de Bancaja. José Manuel Fernández Norniella, elcuarto consejero ejecutivo de Bankia, percibió este año una remuneración de 725.000 euros. Bankia ha recibido 4.465 millones de ayuda pública.

Además de las retribuciones fijas, Rato, Verdú y Norniella tienen un salario variable que podría ascender a un máximo de 2,2 millones adicionales para los tres. La entidad rebajó un 30% el total al que podrían aspirar, que cobrarán en marzo y requerirá autorización del supervisor. Entre los ejecutivos destaca Ildefonso Sánchez Barcoj, con 1,28 millones; Pedro Vázquez, 400.000 euros; Miguel Crespo, 363.000; Luis Maldonado, 358.000 y Pilar Trucios, 310.000.

En Caja Segovia, accionista de Bankia, nadie desglosó amparándose en la Ley de Protección de Datos. En Caja Ávila, un consejero se negó a hacer público el blindaje en caso de despido.

El Banco de Valencia, filial de Bankia y actualmente intervenida por el Estado, destaca la retribución de Domingo Parra, ex consejero delegado durante una década, el tiempo en el que la entidad casi se hundió. Parra ganó 1,053 millones. Cuatro consejeros del Banco de Valencia no dieron su consentimiento para publicar las retribuciones.

Adolf Todó, presidente de CatalunyaCaixa, entidad controlada por el Estado tras inyectarle 2.968 millones, cobra 1,55 millones. Además, tiene 3,46 millones en pensiones. Todó fue fichado hace tres años, antes de que la caja estuviera en un estado tan delicado como el actual. El número dos de CatalunyaCaixa, Jaume Masana, obtuvo 866.000 euros y tiene una pensión de 637.000 euros. Andreu Plaza cobra 394.000 euros y Francisco José Tárrega, 365.000 euros. La retribución del resto de ejecutivos varía entre los 260.000 y 219.000 euros.

En NovaGalicia, que percibió 2.600 millones del FROB, el presidente José María Castellano cobró 884.790 euros mientras que el consejero delegado, César González-Bueno, 876.040 euros. El documento dice que el exdirectivo José Luis Pego percibió un total de 13,09 millones; Gregorio Gorriarán, 8,41 millones y Óscar Rodríguez, 1,35 millones.

En Banca Cívica, su presidente Antonio Pulido tuvo una remuneración de 903.660 euros más 300.000 de pensión. Enrique Goñi, copresidente, cobró mil euros menos en sueldo y la misma pensión.

En Banco BMN, liderado por Caja Murcia, su presidente cobra 456.000 euros, por debajo de otros colegas con menor tamaño. Tiene una pensión de 2,15 millones de Caja Murcia donde trabaja desde hace 30 años. Joaquín Cánovas, director general, tiene un sueldo de 395.000 euros. La entidad recibió 915 millones del Estado.

Documento: Retribuciones de Bankia
Documento: Retribuciones BFA
Documento: Retribuciones Caja Ávila
Documento: Retribuciones Caixa Laietana
Documento: Retribuciones Caja Canarias
Documento: Retribuciones Caja Madrid
Documento: Retribuciones Caja Rioja
Documento: Retribuciones Caja Segovia

Urdangarin: la caida del yerno perfecto. ¿solo o en compañia de otros?

Retahila de juicios por corrupcion en 2012

El nuevo año llega cargado de importantes avances en los casos de corrupción en las Islas. El ex presidente del Govern y ex Ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, el yerno del rey, Iñaki Urdangarín o la ex presidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antonia Munar tendrán que rendir cuentas ante la Justicia balear por presuntos desvíos de dinero público, entre otros delitos.

El primer juicio de Matas por el caso Palma Arena

La primera gran cita del año será el próximo lunes 9 de enero. El ex presidente Jaume Matas será juzgado por una de las piezas del llamado caso Palma Arena por la que los fiscales piden para él 8 años de cárcel. Matas está acusado de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración, falsedad en documento oficial por funcionario público, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.

Además del ex ministro de Aznar, en esta causa están imputados el periodista Antonio Alemany y el ex jefe de prensa de Matas y su ex jefa de gabinete, Joan Martorell y María Umbert, respectivamente, la ex jefa de gabinete de la Conselleria de Presidencia Dulce Linares y al director de Nimbus, Miquel Romero
Esta causa es la relacionada con la contratación supuestamente irregular por parte de Nimbus del periodista Antonio Alemany. Según los fiscales, los imputados pactaron beneficiar de forma arbitraria e irregular al articulista Antoni Alemany y a sus sociedades con fondos públicos -que según los investigadores ascendieron a un total de 483.186 euros-, después de que Alemany acudiese a Matas en busca de una forma de retribuirle la elaboración de discursos e intervenciones públicas.

La subasta del 'palacete'

Unas semanas después, el 25 de enero, se subastarán en el juzgado –a instancias del Banco de Valencia– las tres fincas inmobiliarias que Matas aportó para garantizar un préstamo hipotecario de tres millones con los que consiguió librarse de la cárcel, entre ellos el famoso palacete de la calle San Feliu de Palma.
El crédito le obligaba apagar 84.000 euros al año, es decir, 7.000 euros al mes sólo de intereses que Matas no ha podido pagar.
Un procedimiento que, sin embargo, no va únicamente dirigido contra Matas sino también contra su mujer, Maite Areal, por ser copropietaria del 'palacete', así como contra la madre del ex presidente, cotitular en su caso del inmueble de Sant Miquel. Una vez los bienes patrimoniales salgan a subasta, cualquier ciudadano podrá pujar por ellos aunque en caso de que mediante este proceso no se alcance la cantidad adeudada, la entidad bancaria podría quedarse con los inmuebles en propiedad para su posterior venta.

Declaraciones por el 'caso Urdangarin'

También en el marco del caso 'Palma Arena', el juez José Castro, tomará declaración como imputado del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, el 25 de febrero, a las 09.00 horas, sobre los negocios por los que cobró fondos públicos del Govern balear y la Comunidad Valenciana a través del Instituto Nòos.
Castro ha citado también a declarar a otros ocho imputados en esta misma causa: el socio de Urdangarin, Diego Torres, y otras cuatro personas vinculadas con el Instituto Nóos -Ana M. Tejeiro, Marco Antonio Tejeiro, Miguel Tejeiro y Salvador Trinxet-, y tres altos cargos del Govern balear en la legislatura en la que Jaume Matas era presidente autonómico.
En este caso, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares apunta a un supuesto "entramado societario" tejido supuestamente por Urdangarin y su socio Diego Torres para "apoderarse" de fondos públicos y privados que recibió el Instituto Nóos.

Vicens vuelve al banquillo de los acusados

Sin embargo, antes de la cita Urdangarin, la Sección Segunda de la Audiencia de Palma juzgará los días 7 y 9 de febrero de 2012 al ex conseller de Territori del Consell de Mallorca Bartomeu Vicens, acusado de los delitos de malversación y prevaricación por beneficiar, supuestamente, con dinero público a la productora audiovisual Studio Media, una de las piezas separadas del llamado caso Maquillaje.
También se sentarán en el banquillo los administradores de Studio Media Alfredo Conde y Elizabeth Diéguez y el exdirector insular de Patrimoni Josep Joan Mas.
El fiscal acusa a los cuatro de haber conseguido fondos económicos del Consell Insular para pagar una serie de programas de televisión y reportajes que nunca llegaron a realizarse.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 3 años y 10 meses de cárcel para Vicens y para Conde y Diéguez, los fiscales piden 2 años y 3 meses de prisión para cada uno.

Juicio Bitel

Otra de las causas más sonadas de la era Matas, el llamado caso Bitel, pasará por la Audiencia de Palma del 20 de febrero al 7 de marzo de 2012. La Fiscalía pide penas de cárcel de hasta 14 años para cinco personas por desviar dinero público durante el mandato 2003-2007 de Jaume Matas (PP).
La fiscalía acusa al ex gerente de Bitel Damià Vidal de desviar unos 700.000 euros de esta sociedad pública mediante seis métodos diferentes. También están encausadas cuatro personas más, que presuntamente colaboraron y se beneficiaron de los desvíos de fondos públicos de este organismo, dependiente en la legislatura 2003-2007 de la conselleria de Economía.
Damià está acusado de cuatro delitos continuado de malversación de caudales públicos, continuado de fraude a la Administración, continuado de prevaricación y continuado de cohecho.

Los Hore, al banquillo

El 12 de marzo de 2012 se sentarán en el banquillo el matrimonio Hore, una pareja de multimillonarios relacionados con el caso Relámpago que entre 2002 y 2006 compró fincas en Son Bunyola (Banyalbufar) y otros bienes y propiedades eludiendo el pago de impuestos que ascendería a unos 32 millones de euros.
La Fiscalía pide 42 años y medio de prisión contra John Hore y 37 años y medio para su esposa, Martha Monica Hore. Asimismo, reclama otros 42 años y medio de cárcel para el abogado Alejandro Feliu por su participación en esta presunta trama de fraude fiscal por la que se les atribuye quince delitos.

El primer juicio contra Munar

La expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament balear Maria Antònia Munar, que fue también líder de Unió Mallorquina (UM), se sentará por primera vez en el banquillo el 14 de mayo de 2012 en el primer juicio que se celebrará contra ella por los casos de corrupción en los que está imputada, el caso Maquillaje. Munar se enfrenta a una pena de 6 años de cárcel por el supuesto desvío de 240.000 euros a empresas audiovisuales.
En este juicio también se sentará en el banquillo el que fuera compañero de partido y ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal y otras ocho personas, quienes están acusadas de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y negociaciones prohibidas a funcionarios.
En concreto, la pieza se refiere a dos subvenciones de 120.000 euros cada una otorgadas por el Consell de Mallorca en 2004 y 2005 a la productora Vídeo U, la mitad de la cual había sido adquirida poco tiempo antes por Munar y Nadal, mediante dos testaferros o 'socios aparentes', Miguel Sard y Víctor García, que se enfrentan a 2 años y 3 meses de prisión.

Juicios pendientes de fecha

Durante 2011 se ha abierto juicio oral a algunos de los casos de corrupción más sonados de las Islas para los que de momento no hay fecha fijada para la vista pero que previsiblemente llegarán a resolverse durante el próximo año. Por ejemplo, La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha asumido la primera pieza del caso Voltor que será juzgada y por la que se sentará en el banquillo el ex conseller de Turismo Miquel Nadal, para quien la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel por gratificar, presuntamente, con 12.000 euros al ex concejal del ramo en Sóller Bartolomé Plomer (UM) como contraprestación política por la labor que llevó a cabo como edil.
Sin embargo, Nadal y Plomer no son los únicos acusados en el marco de esta pieza -la número 1 del caso-, ya que también está previsto el enjuiciamiento del ex gerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), Antoni Oliver, el ex director general de Promoción Turística, Joan Sastre, y Luisa Tortella, ex directora del Centro de Investigación de Tecnologías Turísticas (CITTIB) y ahijada de la ex presidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar.

Pero no es la única causa que la cúpula de la desaparecida UM tiene pendiente de fecha de juicio. El pasado 21 de septiembre la jueza instructora del caso Can Domenge de supuesta corrupción en la venta de un solar público abrió juicio oral contra la expresidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, y cinco personas más, a quienes ha impuesto una fianza civil solidaria de 37 millones de euros.
El Consell de Mallorca, presidido entonces por Munar, vendió el terreno palmesano de Can Domenge a la unión de empresas Sacresa-Ferratur por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 60 millones), impulsor de la querella.
Munar se tendrá que sentar en el banquillo y hacer frente a la petición fiscal de 6 años de prisión por este caso acusada de prevaricación, fraude a la Administración y revelación de información privilegiada.


En su escrito, la Fiscalía pide las mismas penas de prisión (6 años) y por los mismos delitos para el ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal; el ex conseller insular de Economía Miquel Àngel Flaquer y el ex conseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, todos ellos de UM. Para Román Sanahuja, de Sacresa, otro de los imputados, reclama en cambio 1 año y medio de cárcel, así como 2 años para el abogado Santiago Fiol Amengual.
También se encuentra pendiente de fecha de juicio el caso Turisme Jove, que investiga el presunto desvío de más de un millón de euros a través de esta empresa pública durante la segunda legislatura de Jaume Matas.
Entre los imputados destacan el ex gerente del consorcio Turisme Jove, Damià Amengual, y el ex director general de Juventud en el anterior Govern balear del PP, Juan Francisco Gálvez, presuntos responsables del desvío de fondos que dejó a la empresa en quiebra técnica. Maíz era el administrador de una productora que trabajó para Turisme Jove.

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