Los ERE de Andalucia: un fondo de reptiles de 933 millones de €

La juez Mercedes Alaya, que esta pasada madrugada envió a prisión al ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, ha estimado que son 617 las ayudas sociolaborales y 270 las ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente, mientras que la Fiscalía Anticorrupción calcula su importe en 933 millones de euros.
En un auto de prisión de 38 folios, la juez hace un resumen de lo investigado hasta ahora y afirma que Guerrero, "en connivencia con otros", otorgó esa serie de ayudas "de manera manifiestamente injusta y arbitraria" para "favorecer a familiares, amigos o personas próximas" a su entorno o al de "altos cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE".

La magistrada asegura que se "permitió el enriquecimiento injusto de unos pocos en detrimento del resto" de los andaluces

Todo ello "permitió el enriquecimiento injusto de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos de la comunidad autónoma andaluza", dice Alaya, que enumera entre otros los 50 millones de euros que recibieron empresas de la Sierra Norte de Sevilla, creando un "enorme agravio comparativo" con respecto al resto de la comunidad.
Las compañías de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, recibieron más de 9 millones, aunque "el desarrollo de la investigación puede desvelar más ayudas directas recibidas" tanto en este grupo empresarial como en otros, añade la juez.

La Fiscalía Anticorrupción pidió prisión para Guerrero alegando que la pena que puede corresponderle supera los 18 años de cárcel y solicitó, además, la imposición de una fianza de 933 millones de euros, importe de lo malversado, aspecto sobre el que la juez se pronunciará la próxima semana, han informado a Efe fuentes judiciales.
Al término de tres días de declaración en sesiones de mañana y tarde, la última cerrada a las 02.30 horas de esta madrugada, la juez decretó prisión sin fianza para Guerrero, lo que justificó por su riesgo de fuga al haber perdido ahora su "arraigo social y laboral" y porque "podría estar recibiendo presiones externas" para eludir ahora la acción de la justicia y así evitar que se conozcan hechos "que no haya desvelado todavía".

La juez sospecha que Guerrero "podría estar recibiendo presiones externas" para eludir la Justicia y que no revele más cosas

"Es ahora cuando se comienza a conocer la gravedad de los indicios contra él y otras personas, cuando verdaderamente surge ese riesgo de fuga", sostiene Alaya.
Guerrero es el primero del medio centenar de imputados que entra en prisión y la juez aprovecha su auto para rebatir a quienes vinculan sus decisiones con la campaña electoral andaluza, acusaciones que reflejan "su absoluto y total desconocimiento de los principios de justicia e independencia que rigen la función jurisdiccional".